miércoles, febrero 13, 2013

Hablemos Claro


Durante los últimos meses los colombianos hemos estado pendientes del inicio y avance del proceso de negociación entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Algunos le apostamos a que llegue a buen puerto y otros preferirían que al final todo sea un fracaso y reine la desilusión. Pero, aunque, el primer escenario se hiciera realidad no podemos llamarnos a engaños, La Paz está muy lejos de llegar al país. Vale la pena recordar que según lo convenido por  las dos partes, los diálogos de La Habana conducirán a un “Acuerdo general para la terminación del conflicto armado” y luego vendrá la “Construcción de una Paz estable y duradera” [1].

Lamentablemente, las FARC no son el único actor de la violencia que azota a Colombia. En el World Report 2013 que Human Rights Watch (HRW) dio a conocer la última semana de enero se hace un diagnóstico de la situación actual del país [2].

En el informe, se reconoce los esfuerzos por parte del ejecutivo y el aparato judicial, pero a renglón seguido se afirma que “la impunidad continúa siendo la regla” y se advierte que los logros alcanzados en años recientes pueden revertirse, inclusive como consecuencia de movidas del gobierno Santos que con amplia mayoría impulsó y aprobó en el Congreso dos reformas que según HRW son regresivas y favorecen la impunidad: justicia transicional y justicia penal militar.

Respecto a las denominadas autodefensas, que supuestamente desaparecieron durante el primer período de Álvaro Uribe como presidente, el reporte sostiene: “existen pruebas contundentes de que […] numerosos miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas continuaron activos y se reorganizaron en nuevos grupos” y unos renglones más abajo complementa señalando que “miembros de la fuerza pública han colaborado con grupos sucesores de paramilitares o tolerado su accionar”, mencionando explícitamente al General (R) Mauricio Santoyo (ex jefe de seguridad de Uribe) quien “se declaró culpable [en E.E.U.U.] de haber colaborado con paramilitares entre 2001 y 2008”. En el aparte dedicado a esta organización criminal termina diciendo que la Ley de Justicia y Paz ha sido implementada con lentitud y las condenas han sido mínimas.

Por otra parte se recuerda que 1727 casos de falsos positivos han sido investigados, de los cuales menos del 10% han culminado en condenas efectivas casi siempre gracias a la justicia ordinaria. Se deja sobre la mesa el temor de que con la injerencia de la justicia penal militar estos casos entre en el olvido.

Aunque todo lo descrito anteriormente es atroz, también se presentan cifras alarmantes sobre la violencia de género que está extendida por toda Colombia, siendo las principales víctimas mujeres y niñas desplazadas.

Con respecto a la financiación del aparato policial y militar en Colombia, HRW indica que “Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En 2012, aportó cerca de US$ 482 millones para asistencia, de los cuales aproximadamente el 58 por ciento se destinó a las fuerzas armadas y la policía”.

Considero que después de leer los anteriores párrafos se comprende el porqué de mi escepticismo al inicio de este texto. Todo esfuerzo que se haga para alcanzar la paz es bienvenido, pero no podemos supeditar todos nuestros malos al accionar de las FARC y creer que una negociación exitosa con ese grupo es sinónimo de paz estable y duradera. Ante todo, hablemos claro.